(o por qué nadie en el debate presidencial parece haberlo pensado en serio)
Anoche se realizó el primer debate presidencial convocado por el JNE. El tema fue «Seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción». Fue instructivo, en el sentido en que también es instructivo ver a alguien intentar apagar un incendio con un vaso de agua: uno aprende, aunque no precisamente de quien tiene la manguera.
Ninguno de los candidatos la tiene clara, ¿o a usted le parece que sí?
Me permito entonces, con toda la humildad del caso, alcanzar algunas ideas. Sería interesante que alguien las tomara en cuenta. No lo harán, lo sé, pero uno tiene derecho a la esperanza.
Las mafias de extorsión tienen raíces antiguas. Su forma moderna se consolida en el siglo XIX con la Camorra napolitana y la Mafia siciliana, organizaciones que nacieron —como todo lo malo que dura— en contextos de Estado débil, pobreza estructural e impunidad. Su negocio era sencillo: ofrecían «protección» a comerciantes y agricultores. La misma lógica que luego exportarían, con admirable eficiencia, el crimen organizado en Estados Unidos y luego en Latinoamérica, las pandillas centroamericanas, los carteles mexicanos y, en casa, los grupos vinculados a la minería ilegal y al narcotráfico, primero en zonas como el VRAEM y otros lugares de explotación minera irregular, extendiéndose luego a las ciudades.
El sustrato común es siempre el mismo: ausencia del Estado, economías informales vulnerables y una cultura del silencio mantenida a base de miedo. Italia respondió en los años noventa con legislación antimafia pionera, la figura del pentito y jueces como Falcone y Borsellino, quienes fueron asesinados precisamente por hacer bien su trabajo —lo cual dice mucho de cuán incómodos resultaron. El Salvador apostó por la mano dura bukeleana, con resultados estadísticos llamativos y preguntas incómodas sobre derechos humanos (cabe preguntarse ¿para quien?) que nadie termina de responder del todo. En general, lo que funciona es una combinación de persecución penal focalizada en líderes, protección real a víctimas y testigos, formalización económica, y —lo más difícil de todo— erradicación de la corrupción policial y judicial. Esa última parte suele omitirse en los debates, quizás porque incomoda a demasiados presentes en el estrado.
Hay fenómenos que no se comprenden si se los mira de frente. Las mafias son uno de ellos. A primera vista parecen grupos dispersos, voces amenazantes al otro lado del teléfono, números que cambian. Esa apariencia es exactamente lo que buscan. Su verdadera naturaleza se entiende mejor con dos analogías biológicas que, prometo, no van a requerir título universitario para seguirlas.
Primera analogía: el parásito. El parásito no mata a su huésped de inmediato. Lo necesita vivo, funcional, produciendo. Lo debilita, lo somete, lo acostumbra al daño constante. Las mafias no quieren cerrar el negocio del transportista o del comerciante: quieren convertirlo en una fuente estable de extracción. La extorsión no es un acto aislado; es un sistema de explotación con vocación de eternidad.
Segunda analogía: la planta invasiva. Cortar las hojas no resuelve nada. La planta vuelve a brotar porque la raíz sigue intacta. Solo arrancando el sistema radicular —la «matriz»— se elimina el problema. Perseguir a los peones es como podar hojas: visible, fotogénico para la prensa, e inútil a largo plazo. El error más frecuente del Estado es precisamente ese: combatir el sistema como si fuera una suma de incidentes individuales. Se detiene a quien llama, se incauta un teléfono, se anuncia un operativo en conferencia de prensa. Y el problema persiste. La red se regenera, los números se reemplazan, los operadores se sustituyen. El sistema aprende y muta, con una agilidad que envidiaría cualquier empresa moderna.
Si la analogía es correcta —y me temo que lo es— la conclusión es incómoda pero inevitable: la lucha contra la extorsión no puede ser principalmente policial. Debe ser, ante todo, una guerra de inteligencia. Y aquí empieza el verdadero problema, porque inteligencia no es precisamente lo que abunda en nuestro sistema. Lo digo sin sarcasmo adicional; ya la realidad se encarga sola, usted lo sabe.
Hablar de inteligencia no es una consigna vacía. Implica capacidades concretas: interceptación legal de comunicaciones, análisis de metadatos y patrones de llamadas, monitoreo de redes y mensajería cifrada, georreferenciación de dispositivos, cruce de bases de datos, seguimiento de flujos financieros digitales. En términos técnicos: unidades capaces de trabajar con SIGINT, OSINT y análisis de tráfico. No acumular información —que eso ya sabemos hacerlo— sino interpretarla: identificar nodos, jerarquías, rutas de mando. Porque toda red, por fragmentada que parezca, tiene centros de gravedad. Hay quienes coordinan, quienes financian, quienes distribuyen roles. Esos son la raíz: invisibles para la víctima, esenciales para la supervivencia del sistema. Y esos son, precisamente, a quienes nadie persigue con suficiente dedicación.
Conviene decir aquí una verdad sin adornos: no se puede enfrentar una estructura criminal sofisticada con herramientas débiles e indecisión operativa. ¿Quién tiene las de ganar si un combatiente se presenta con los puños contra uno que trae machete? Cuando el sistema criminal actúa con rapidez, tecnología y absoluta falta de escrúpulos, el Estado no puede responder con lentitud, desarticulación y vacilación. Debe existir paridad estratégica, o la pelea está perdida antes de empezar. ¿Si el otro viene decidido a matar, le respondemos con caridad cristiana, con comprensión, con empatía, preocupándonos muy seriamente por sus derechos humanos?
Esto no significa abandonar la ley —significa todo lo contrario: dotarla de herramientas eficaces y usarlas con firmeza. Un marco jurídico débil o mal aplicado no protege derechos; los expone. Porque donde el Estado duda, la criminalidad avanza —y lo hace sin dudar. La lucha exige, entonces, algo que a veces incomoda pronunciar en voz alta: poder. Poder legal para intervenir comunicaciones con control judicial efectivo. Poder tecnológico para no quedar rezagado. Poder institucional para coordinar inteligencia, fiscalía y policía sin que la burocracia paralice todo antes del mediodía.
¿Derechos humanos solo para los malos? Por supuesto, en este punto aparece siempre alguien —generalmente con corbata y voz grave de preocupación cívica— para recordarnos que el Estado no puede vulnerar derechos fundamentales. Tiene razón, en abstracto. El problema es que esa preocupación se activa con llamativa puntualidad cuando se habla de intervenir las comunicaciones de un extorsionador, y permanece en silencio sepulcral cuando el transportista recibe su décima amenaza de muerte o el comerciante paga su cuota mensual con la resignación de quien ya no espera nada del mundo ni de sus instituciones, y no dice absolutamente nada cuando ese mismo hombre, por fin, recibe un balazo por no ceder, y no dice nada cunado las viudas y los hijos claman por justicia a gritos.
Los derechos humanos también le pertenecen a la víctima, solo que ella no está defendida por ONG’s poderosas, no suele tener abogado, ni tribuna, ni hashtag. La disyuntiva real no es entre seguridad y derechos, sino entre inteligencia con control democrático e impotencia con consecuencias irreversibles. Y las consecuencias, como siempre, las pagan los mismos.
Menos espectáculo, más precisión. Menos reacción, más anticipación. Dejen de perseguir sombras y empiecen a buscar raíces. Eso no es solo cuestión de voluntad política: es decisión técnica, inversión sostenida y claridad estratégica. En esta guerra, ganar no depende de cuántos se capturen, sino de qué tan profundo se sea capaz de llegar.
Aunque, claro, profundidad es otra de las cosas que anoche brilló por su ausencia.
Las ideas están disponibles para quien quiera usarlas. Gratis, incluso. La inteligencia, lamentablemente, hay que construirla.