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Arequipa bajo el lodo
Febrero 2026
¿Quién se hará responsable? ¿Quién responderá por el dolor de tantas familias, por las lágrimas de quienes perdieron todo en cuestión de minutos? ¿Quién dará la cara por los muertos, por los heridos, por los ancianos sacados de sus casas en brazos, por los niños que vieron desaparecer bajo el lodo lo único que tenían?
¿Quién pagará por la angustia de esas horas en que el agua y el barro avanzaban sin que nadie llegara a ayudar? ¿Quién compensará a las familias que en años de privaciones y sacrificios levantaron ladrillo a ladrillo su vivienda, ahorraron centavo a centavo sus enseres, construyeron con esfuerzo y dignidad un patrimonio que el lodo destruyó en segundos? ¿Quién les devolverá eso?
Nadie. Como siempre, nadie. Habrá declaraciones, habrá visitas de autoridades con cascos y botas de jebe y ternos manchados para las fotos, habrá promesas. Y después, el silencio. La impunidad de siempre. El olvido de siempre. Y las mismas autoridades, o sus sucesores cortados por el mismo molde, seguirán cobrando sus sueldos, gozando de sus prerrogativas y mirando hacia otro lado mientras se acumula el próximo desastre.
Eso es lo que hace que esta tragedia sea doblemente indignante: no solo el daño en sí, sino la certeza casi absoluta de que no habrá consecuencias para quienes lo pudieron evitar y no lo hicieron.
Las lluvias no son la novedad. Las lluvias en Arequipa, en el sur del Perú, en la sierra andina, ocurren cada verano con una regularidad que debería hacer sonrojar a cualquier autoridad que se atreva a hablar de «sorpresa» o «fenómeno imprevisto». Lo que sí ha resultado devastadoramente novedoso, una y otra vez, año tras año, es la capacidad del Estado peruano, independientemente de quién esté encaramado en él, para mirar hacia otro lado mientras el desastre se forma lentamente, a plena luz del día, con meses de anticipación.
Esta vez no fue diferente. Peor aún: fue exactamente igual.
Los números que acusan
Mientras las torrenteras de Cayma, Yanahuara, Cerro Colorado, Paucarpata y Alto Selva Alegre arrastraban lodo, piedras y vidas humanas, el Ministerio de Economía y Finanzas registraba con frialdad contable un dato que debería indignarnos a todos: los gobiernos locales de Arequipa dejaron de gastar S/18 millones de los S/72.2 millones asignados para reducción de vulnerabilidades y atención de emergencias por desastres en el 2025. Un cuarto del presupuesto disponible, sin ejecutar. Y a nivel nacional, los tres niveles de gobierno dejaron sin gastar S/425 millones del programa presupuestal 068, el fondo específicamente diseñado para enfrentar exactamente lo que hoy estamos llorando.
No estamos hablando de que el dinero no existía. Estamos hablando de que el dinero existía, estaba ahí, esperando ser usado, y nadie lo usó.
La pregunta que persiste en el aire cargado de lodo arequipeño es simple y brutal: ¿por qué?
La cadena de omisiones
El Senamhi había advertido. El COEN había emitido alertas. El Instituto Geofísico del Perú alertó incluso sobre el riesgo de lahares en las quebradas cercanas al volcán Misti, en zonas que incluyen a Miraflores, Mariano Melgar, Paucarpata y Alto Selva Alegre. Las señales estaban todas encendidas en rojo, y sin embargo el fin de semana previo a los peores eventos, las cuadrillas municipales trabajaron en jornada normal, sin turnos extendidos, sin contrataciones adicionales de emergencia, sin descolmatar los cauces, sin retirar los detritos acumulados por los primeros huaicos. Esos escombros apilados en las calles y torrenteras se convirtieron, con la llegada de nuevas lluvias, en proyectiles y obstáculos que multiplicaron el daño.
Una mujer de aproximadamente setenta años murió arrastrada por un huaico en Cayma. Más de 2.300 personas resultaron afectadas y 78 damnificadas según el COER al 22 de febrero. Unas 30.000 conexiones domiciliarias de agua potable colapsaron. Vías destruidas. Viviendas sepultadas. Familias llorando sobre el lodo donde hace horas tenían su hogar.
Todo esto se pudo prevenir, o al menos mitigar severamente.
Un problema estructural, no climatológico
Sería cómodo y conveniente culpar al Fenómeno El Niño, a la variabilidad climática, al cambio global. Y sí, el clima importa. Pero el clima no es nuevo. Lo nuevo, lo inaceptable, es que a pesar de tener instituciones, leyes, presupuestos, sistemas de alerta temprana y toda la experiencia acumulada de desastres anteriores, el Perú siga respondiendo a las emergencias con la misma improvisación de siempre.
El economista Giacomo Puccio, de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), señala algo que debería alarmar a cualquier planificador: el presupuesto para obras de prevención en los gobiernos locales se encuentra este año en niveles que representan un 62% menos que lo ejecutado en 2025. No es solo que no gastan lo que tienen. Es que cada año les asignan menos, y lo poco que llega tampoco se usa.
La Ley N.° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, obliga expresamente a los gobiernos regionales y locales a implementar procesos de gestión del riesgo. No es opcional. Es una obligación legal. Y esa obligación se está incumpliendo de forma sistemática, en Arequipa y en gran parte del territorio peruano, donde desde diciembre de 2025 las lluvias han dejado ya 68 personas fallecidas a nivel nacional.
El problema mayor: los cauces invadidos
Hay una dimensión de este desastre que trasciende la incompetencia coyuntural y apunta a décadas de permisividad criminal con la ocupación ilegal de tierras. Las torrenteras y quebradas de Arequipa —como las de Abancay, como las de decenas de ciudades andinas y costeras del Perú— han sido progresivamente invadidas, reducidas, obstruidas y construidas encima. Asentamientos humanos, urbanizaciones formales e informales, muros y edificaciones se han erigido dentro de lo que la naturaleza reconoce como su dominio hídrico.
La naturaleza no firma contratos ni respeta títulos de propiedad. Las aguas siempre recuperan sus cauces. A veces en años, a veces en décadas, a veces en siglos, pero con una paciencia geológica que no tiene la menor consideración por nuestras obras humanas. Y cuando vuelven, no solo recuperan lo que era suyo: tienden a reclamar más, a ensanchar, a profundizar. Cada año que pasa sin descolmatar, sin ordenar el territorio, sin reubicar a las familias que viven dentro de los cauces, es un año de deuda acumulada con la física del agua.
¿Qué pasará el día en que Abancay, cuyas cuencas han sido invadidas hasta obstruirse en algunos puntos, reciba una temporada de lluvias verdaderamente excepcional? ¿Qué pasará en las docenas de ciudades peruanas donde el crecimiento urbano desordenado ha convertido el cauce de un río en una avenida principal o en un barrio popular?
La respuesta la conocemos. La hemos visto en Arequipa. La vimos en el Niño Costero de 2017, cuando el norte del Perú quedó prácticamente destruido. La seguiremos viendo, con creciente violencia, si no actuamos ahora.
Lo que la gente necesita hoy
Mientras se debaten responsabilidades y se redactan informes, miles de familias arequipeñas enfrentan el frío, el lodo y la incertidumbre sin agua potable, sin vivienda digna, sin saber cuándo llegará la ayuda. El gobierno regional y los gobiernos distritales han demostrado ya su incapacidad para responder a la altura de la emergencia. Es indispensable una intervención inmediata y directa del gobierno central, con recursos, maquinaria, personal técnico y, sobre todo, con mecanismos de ayuda humanitaria que sean transparentes, auditables y que no pasen por las manos de los mismos funcionarios cuya negligencia generó el desastre.
La ayuda ciudadana es posible y es necesaria. Pero debe canalizarse con cuidado. La historia del Perú está llena de casos en que donaciones legítimas terminaron en almacenes particulares, en mercados negros o directamente en los bolsillos de quienes debían distribuirlas. Hay conocidas organizaciones que administran estas ayudas llenas de funcionarios de altos sueldos y escasa capacidad. Exigir cuentas claras, transparencia en los listados de damnificados y auditoría en tiempo real del uso de las donaciones no es desconfianza excesiva: es la lección que nos han dado demasiadas veces.
Un llamado que no puede esperar
No podemos seguir llegando tarde a cada desastre, llorando las mismas víctimas, prometiendo los mismos cambios que nunca llegan. Este no es un problema de clima: es un problema de Estado, de planificación, de corrupción, de impunidad y de una cultura institucional donde la prevención nunca es urgente hasta que el lodo ya está en las calles.
Lo que Arequipa necesita hoy, y lo que el Perú entero necesita con urgencia, es:
Que los alcaldes y gobernadores que no ejecutaron su presupuesto de prevención rindan cuentas formales ante la contraloría y el Ministerio Público. Que el gobierno central intervenga directamente en la emergencia sin ceder la gestión a quienes han demostrado su incompetencia. Que se inicie de forma inmediata y sostenida el proceso de descolmatación de torrenteras y cauces en todas las ciudades en riesgo. Que se reubique, con un plan serio y digno, a las familias que viven dentro de los cauces de ríos y quebradas. Que el presupuesto del Programa Presupuestal 068 no solo se asigne, sino que se ejecute, se fiscalice y sus resultados sean públicos. Y que cada funcionario que miró hacia otro lado mientras las alertas encendían sus luces rojas sepa que hay consecuencias reales por esa omisión.
Las lluvias continuarán, volverán el próximo año. Y el siguiente. Y el que viene después. La pregunta no es si habrá más huaicos. La pregunta es si habremos aprendido algo, o si volveremos a llorar sobre el mismo lodo, con las mismas excusas, y los mismos culpables sin consecuencias.
Arequipa merece más. El Perú merece más.
Las cifras citadas en este artículo provienen de reportes del INDECI, el MEF (Consulta Amigable, Programa Presupuestal 068), la Defensoría del Pueblo y declaraciones públicas de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), correspondientes a febrero de 2026.