En los últimos tramos de esta carrera electoral, es bueno tratar sobre algunos temas importantes que han estado en la palestra, esgrimidos por algunos candidatos. Argumentos no del todo explicados, que se asemejan a un cuento de terror o a una novela de ficción distópica. Es simplemente la historia del Perú entre 2021 y 2025, protagonizada por un elenco de parlamentarios, al que algunos llamaron «Pacto Mafioso», que con la solemnidad de quienes creen estar haciendo historia, se dedicaron metódicamente a fabricar las famosas «Leyes Pro Crimen», que crearon las condiciones perfectas para que el crimen organizado prospere como nunca antes.
Son trece leyes. No una ni dos, no es casualidad ni el tropiezo accidental de una mayoría distraída. Son trece leyes con nombre, número y fecha, orientadas a hacer más difícil investigar redes criminales, beneficiar a políticos investigados y desmantelar, pieza por pieza, el sistema anticorrupción que tanto costó construir. ¿Cómo? Pues reduciendo las herramientas de investigación fiscal, limitando la colaboración eficaz, modificando los delitos de organización criminal y cambiando las reglas sobre prisión preventiva y allanamientos para que los corruptos y mafiosos duerman tranquilos, entre otras formas. (Si quieres saber cuáles son, al final de este artículo encontrarás la lista detallada.)
Lo lograron con elegancia técnica. El resultado concreto es que hoy un mafioso no puede ser allanado por sorpresa. Sin su abogado presente, ni la policía ni el Ministerio Público pueden entrar —¡Que absurdo! ¿No?—. Los mineros que envenenan nuestros ríos con mercurio cuentan con que su maquinaria no puede ser inutilizada, pues está protegida por ley. Y no existe extinción de dominio hasta que haya sentencia firme, lo que significa que el patrimonio mal habido circula, se transfiere, desaparece en un carrusel de propiedades y testaferros. Para cuando llegue la condena, si es que llega, no queda nada que embargar. Vaya sistema, y hay más.
Estas leyes no cayeron del cielo. Fueron ideadas, votadas y defendidas en comisiones, aprobadas en el pleno. Y los votos vinieron de bancadas concretas:
- Fuerza Popular (Keiko Fujimori, Fernando Rospigliosi)
- Renovación Popular (Rafael López Aliaga)
- Somos Perú
- Acción Popular (María del Carmen Alva)
- Podemos Perú (José Luna Gálvez)
- Alianza para el Progreso (César Acuña)
También participaron o dejaron hacer estos despropósitos:
- Perú Libre (Pedro Castillo, Vladimiro Cerrón y Guillermo Bermejo)
- Avanza País (Hernando de Soto)
- Juntos por el Perú (Verónika Mendoza, Sigrid Bazán)
Sin ellos, ninguna de esas trece normas hubiera existido. Esto no es un insulto. Es aritmética parlamentaria. Es el registro de votaciones disponible en el portal del Congreso, que cualquiera puede consultar. Los números no mienten, aunque sus protagonistas sí.
Hoy, algunos de esos mismos partidos se presentan prometiendo orden y mano dura contra la delincuencia. Uno queda pasmado ante semejante desparpajo. Porque la mano dura que ejercieron fue siempre hacia adentro: hacia los fiscales, hacia los jueces, hacia los mecanismos que podían ponerlos a ellos mismos en problemas.
Y el daño no se limita a las leyes pro crimen. Lo que ocurrió fue algo más profundo: un golpe de Estado silencioso, ejecutado desde el propio Congreso, con el aplauso de los beneficiados y la indiferencia culposa de quienes lo permitieron. La Constitución ha sido derogada de facto. El Ejecutivo es hoy poco más que la mesa de partes de las bancadas gobernantes. El Congreso ha tomado el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo.
La democracia en el Perú es un fantasma bien vestido, con credencial y todo, pero un fantasma al fin. No es la dictadura de la derecha: es la dictadura del lumpen político, que abarca todos los espectros, desde la izquierda cerronista hasta el prebendismo fujimorista. Y como remate, tendremos un Senado rechazado en referéndum por la ciudadanía, resucitado por el apetito de quienes quieren reciclarse en el poder. No podrá ser disuelto. Tendrá más poder que el presidente. En sus manos estará la verdadera marcha legislativa del país.
Sabiendo en detalle lo que han hecho: ¿vas a votar por los partidos que aprobaron esas trece leyes que contribuyeron al crecimiento de la delincuencia, a la excarcelación de criminales, a la prescripción de delitos que el derecho internacional considera imprescriptibles? ¿Vas a dar tu voto a quienes hicieron todo lo posible para que el Perú sea el país de los ocho presidentes en una década? ¿Vas a dar tu voto a quienes, desde 2016, convirtieron la política en una batalla campal donde todo valía con tal de derribar al adversario y lesionar las instituciones?
Es una pena que, en estas elecciones, entre tanto mequetrefe, no haya un líder verdadero. Es una pena que nadie nos diga la verdad: que esto no es una democracia, que aquí no hay separación de poderes. ¿No hay nadie con el coraje de comprometerse a derogar toda esa basura legislativa y a devolvernos un presidente de la República y no un lacayo de bancadas congresales? Si alguien así existiera, con voluntad genuina de hacerlo, ese alguien merecería nuestro voto.
Nos traicionaron, y si no tomamos medidas, nos traicionarán peor, poniendo presidentes de quinta categoría, y será peor ahora con el Senado todopoderoso que ellos mismos se inventaron. Por eso, voces como las de Salvador del Solar, César Hildebrandt y otros intelectuales en los que todavía es posible confiar, han salido a decir algo simple y sensato: hay que ir a votar. No votar en blanco ni viciado en primera vuelta, porque eso es exactamente el regalo que ellos esperan. No votar por ninguno de los partidos que hoy controlan el Congreso. Y elegir el mismo partido para presidente, senado, diputados y Parlamento Andino, para no desperdiciar la fuerza del voto en cuatro direcciones distintas. Es un consejo sin glamour, pero es honesto. Y la honestidad, en este momento del país, ya es un acto de rebeldía.
Hay ochenta y ocho congresistas que aspiran a la reelección. ¡Qué desvergüenza! Ni uno solo debería lograrlo. No porque todos sean idénticos en sus pecados, sino porque todos formaron parte de una institución que legisló para su propia perpetuación. Callaron cuando debían hablar. Cobraron sus dietas mientras el Perú se hundía. Y hoy se protegen a sí mismos con una ley que les da un estatuto blindado frente a acusaciones penales. La arquitectura es consistente: tienen coherencia en su descaro.
Votar con dignidad no significa votar por el mejor. En el panorama actual, eso sería un lujo. No es tarea fácil, pues significa investigar, comparar, elegir al menos malo con conocimiento de causa, y castigar con el olvido y la indiferencia a quienes legislaron para el hampa.
No permitamos que otra vez el Congreso manipule al Poder Ejecutivo, que hagan lo que les venga en gana.
¡No regalemos nuestro voto!
* El prebendismo es una práctica política o administrativa en la que alguien usa su poder o influencia para repartir beneficios, cargos o privilegios a favor de personas cercanas (aliados, familiares, partidarios), en lugar de hacerlo por mérito o justicia.
LEYES PRO CRIMEN
Ley 31751 (2023) — Reduce plazos de prescripción y ha sido cuestionada por beneficiar a investigados con casos antiguos.
Ley 32104 (2024) — Modifica reglas sobre imputación y persecución penal en delitos complejos.
Ley 32108 (2024) — Cambia definiciones y alcances del delito de organización criminal, elevando exigencias para perseguirlo.
Ley 32130 (2024) — Ajusta normas procesales penales y ha sido criticada por dar más trabas a la investigación.
Ley 32107 (2024) — Introduce cambios vinculados a la actuación fiscal y judicial en delitos graves.
Ley 32209 (2024) — Modifica disposiciones sobre investigación y sanción penal en casos de criminalidad organizada.
Ley 32312 (2025) — Cambia reglas de persecución penal y ha sido señalada como favorable a la impunidad.
Ley 32372 (2025) — Introduce ajustes en procedimientos penales con impacto en la investigación de delitos complejos.
Ley 32378 (2025) — Modifica aspectos del proceso penal y puede dificultar ciertas medidas fiscales.
Ley 32386 (2025) — Realiza cambios legales que afectan la lucha contra el crimen organizado.
Ley 32446 (2025) — Ajusta normas procesales y de control penal, cuestionada por sus efectos en casos de corrupción o crimen organizado.
Ley 32451 (2025) — Incorpora cambios al sistema penal con posibles efectos de impunidad.
Ley 32192 (2025) — Modifica reglas vinculadas a investigación y sanción de delitos graves.