LA MORDAZA ELEGANTE

Mal asunto cuando el Estado, en vez de proteger a los artistas, pretende ordenarlos, clasificarlos y supervisarlos. Peor todavía cuando esa iniciativa nace de un Congreso repudiado que está muy lejos de cualquier sensibilidad cultural.

La Ley N.° 32645, que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú, no parece una simple norma gremial. Dice representar a los artistas, pero empieza separándolos: de un lado, quienes tienen título universitario; del otro, los autodidactas, los populares, los empíricos y los cultores tradicionales que han sostenido durante generaciones la cultura viva del país. Los que aprendieron en la vida, no en un aula. Los que igual llenan plazas, igual hacen llorar a la gente, igual son imprescindibles.

Un colegio profesional tiene sentido cuando regula actividades donde una mala práctica puede costarle la salud o el patrimonio a alguien. Pero ¿cómo se reglamenta el arte? ¿Cómo se supervisa una canción que te parte el alma, una danza que te alegre el corazón, un poema escrito a la madrugada sin que nadie te lo pidiera?

El arte no se valida con un sello burocrático.

Una artista que viene de una familia de artistas no necesita que una universidad le diga quién es. Un músico popular que ha llenado plazas y emocionado generaciones no necesita pedir permiso para existir. Un danzante, un pintor, un compositor o un escritor no se convierten en artistas cuando reciben una credencial. Lo son por su obra, por su entrega, por las veces que se quedaron sin dormir para terminar algo que les quemaba por dentro. Y por el reconocimiento de su pueblo, que no miente.

Esto no significa despreciar la formación académica. Quien estudió arte merece respeto. Pero el título no puede convertirse en frontera moral ni en aduana cultural. El alma, la sensibilidad y el talento no necesitan títulos.

Por eso esta ley huele a mordaza elegante. No prohíbe de frente, pero clasifica. No censura abiertamente, pero abre la puerta para que mañana alguien pregunte quién está colegiado y quién no; quién puede acceder a determinados programas y quién queda fuera; quién merece ser escuchado por el Estado y quién debe seguir esperando. Y en ese «seguir esperando» hay décadas de historia que a muchos artistas les resultan dolorosamente familiares.

El Perú no necesita un colegio que decida quién es artista. Necesita becas reales, fondos transparentes, protección social, descentralización cultural, espacios de difusión y leyes que promuevan la creatividad en vez de administrarla.

La cultura peruana no nació en Lima ni en un escritorio. Nació en las comunidades, en los barrios, en los caminos de herradura, en los talleres familiares que huelen a madera y a pigmento, en los carnavales, en las procesiones, en los teatros pobres, en los circos de barrio, en las radios provincianas y en los escenarios levantados con más ilusión que presupuesto. Eso es lo que somos. Eso es lo que esta ley no parece entender.

Por eso, antes de pedirle carnet al artista, el Estado debería preguntarle: ¿Cómo te puedo apoyar de verdad?

La Ley N.° 32645 debe derogarse. Y si de verdad se quiere legislar sobre arte y cultura, que se convoque a todos: académicos, músicos populares, actores independientes, danzantes, artesanos, compositores, cultores tradicionales, poetas, literatos, maestros de provincia y creadores autodidactas. No a unos cuantos. No a los burócratas de siempre. No a los cercanos.

Y aquí surge una pregunta que los promotores de esta ley deberían responderle al país. Si las principales iniciativas que le dieron origen fueron impulsadas por congresistas como Alejandro Soto Reyes, Eduardo Salhuana Cavides y Flavio Cruz Mamani, ninguno de ellos conocido precisamente por su sensibilidad artística o su cercanía con la cultura peruana, ¿qué motivaciones los llevaron a promoverla?

Resulta difícil creer que quienes durante años mostraron escaso interés por las necesidades reales de los artistas hayan descubierto de pronto una preocupación urgente por su futuro. La urgencia se siente rara  cuando viene de donde nunca estuvo.

¿Buscan proteger a los creadores o construir una nueva estructura de poder? ¿Quieren fortalecer la cultura o crear un mecanismo desde el cual influir sobre la representación artística, la distribución de beneficios y la interlocución con el Estado? Son preguntas legítimas. Incómodas, pero legítimas. Más aún cuando la norma nace sin consenso del sector cultural y genera rechazo precisamente entre quienes viven el arte lejos de los escritorios y cerca de la realidad.

El arte peruano es libre, mestizo, indócil y profundamente popular. No le pide permiso a nadie. Nunca lo ha hecho. Quien pretenda encerrarlo en una credencial no está defendiendo la cultura: está intentando domesticarla.

Y cuando el poder pretende ponerle carnet a la libertad, el artista tiene el deber de plantar bandera.