LO QUE NOS HACE FALTA

La costumbre nacional

Cada campaña electoral es igual, calcada, como si existiera un molde de yeso guardado en algún sótano del poder. Un candidato levanta la mano, jura acabar con la corrupción, promete devolver la seguridad, garantizar una salud digna, proteger las pensiones, crear empleo… y si el entusiasmo del mitin lo acompaña —y la credulidad de sus seguidores es amplia, que casi siempre lo es— hasta se atreve a prometer buen clima para todos los fines de semana.

La escena se repite con tanta puntualidad que ya no parece un acto político. Es una costumbre nacional, como ver noticias los domingos. 

Cambian los rostros. Cambian los partidos. Cambian los eslóganes.

Las promesas, en cambio, disfrutan de una salud envidiable. Nunca envejecen. Son las mismas hace 20 años, sólo cambian de dueño. 

Lo curioso —lo verdaderamente curioso— es que seguimos buscando al gobernante perfecto, como si los países se construyeran a fuerza de hombres extraordinarios. La historia demuestra exactamente lo contrario. Las naciones que hoy admiramos decidieron hace mucho dejar de confiar en los milagros para empezar a confiar en las instituciones.

Porque los milagros son magníficos… pero tienen la mala costumbre de no repetirse.

Las instituciones sí.

Como decía Benjamin Franklin: «La justicia no se logrará hasta que quienes no son afectados sientan la misma indignación que quienes sí lo son». Y tal vez ahí esté la clave de todo lo que sigue.

Ahora que estrenamos nuevo gobernante y nuevos congresistas, hay más incertidumbre que certeza en la mayoría de peruanos. Quizás sea buen momento para mirar a otras realidades, a fórmulas que sí han funcionado, aunque duela un poco la comparación.

Suiza: el ciudadano vigilante

Suiza comprendió una verdad que parece escandalosa para quienes creen que gobernar consiste en mandar: el ciudadano debe controlar al gobierno, y no al revés.

La democracia directa convirtió al elector en un vigilante permanente del poder. Allí el gobernante sabe que cada decisión puede volver a las manos de quienes realmente sostienen el país.

Hay quien dice que eso demuestra una enorme confianza en el pueblo. Es exactamente al revés: demuestra una saludable desconfianza hacia el poder. 

Y pocas cosas han resultado tan útiles para la democracia como desconfiar un poco de quienes prometen salvarla.

Singapur: pagar bien para no pagar caro

Singapur tomó otro camino. Mientras muchos países convierten la administración pública en una interminable escuela de improvisación, Singapur decidió que dirigir un Estado exige profesionales de primer nivel, con especializaciones de verdad —no de esas que figuran en cartones baratos vendidos por traficantes de la educación de escasa estatura moral y mental—.

A esos profesionales se les paga salarios de mercado, para que administrar miles de millones no resulte menos atractivo que administrarlos desde una empresa privada.

Más de uno levantará las cejas:

—¿Pagar más a los funcionarios?

Sí, pues.

Porque en Singapur descubrieron una verdad incómoda: sale mucho más barato pagar bien a un funcionario honesto y capaz, que soportar durante décadas a un ladrón e inútil.

Pero el dinero, por sí solo, nunca ha hecho virtuoso a nadie. Por eso la corrupción tampoco recibe un trato amable ahí. Las investigaciones son rápidas, las sanciones son severas, y los bienes obtenidos ilegalmente pueden ser confiscados sin contemplaciones. La ley habla un idioma que todos entienden.

Esa sería una medida muy adecuada en nuestro medio, porque acá los corruptos se pasan una temporada a la sombra y nunca devuelven nada —ni al Estado, ni al pueblo al que esquilmaron.

China e Indonesia: cuando el castigo se vuelve extremo

Otros países fueron todavía más lejos. China contempla la pena de muerte para los casos de corrupción y soborno de extrema gravedad que ocasionan enormes perjuicios al Estado. Indonesia también prevé la pena capital para determinados actos de corrupción cometidos en circunstancias extraordinarias.

¿Consideraría usted adecuada esa drástica medida en el Perú? ¿Pena de muerte para los grandes corruptos?

Puede discutirse la severidad del castigo. Lo que resulta imposible discutir es el mensaje: hay sociedades donde robar el dinero público no se considera una travesura política, una viveza criolla, sino una agresión contra millones de ciudadanos.

Y es eso. No es otra cosa.

Japón: la palabra que casi desaparece del diccionario

Después aparece Japón. Y Japón siempre obliga a bajar la voz.

No porque sea perfecto, sino porque todavía conserva una palabra que en muchos lugares parece haber sido retirada del diccionario oficial: honor.

Cuando un alto funcionario fracasa, pide perdón y renuncia. No porque un juez lo obligue. Lo hace porque entiende que el cargo pertenece al Estado, y el error le pertenece a él. Es un rezago de las viejas tradiciones del seppuku y el harakiri, ceremonias con las que quienes perdían el honor entregaban la vida a cambio. Si esto fuera vigente acá, faltarían espadas.

Hay países donde un escándalo provoca vergüenza y dimisión. En otros, provoca una conferencia de prensa.

La diferencia parece pequeña.

No lo es.

Es la distancia que separa la responsabilidad de la excusa.

Ese mismo principio se refleja en la seguridad: Japón logró reducir drásticamente la delincuencia porque la ley dejó de ser una recomendación y volvió a convertirse en una obligación. También en la salud: los médicos gozan de enorme prestigio, pero saben que la negligencia tiene consecuencias. El respeto nunca ha sido gratuito; siempre ha venido acompañado de responsabilidad.

Acá, en cambio, muchas veces parece una broma, como cuando uno va a un servicio de emergencia y no hay médico  porque se fue de refrigerio.

Australia: la jubilación como derecho, no como favor

Australia hizo algo todavía más revolucionario: decidió que el dinero de la jubilación pertenece al trabajador. Como debe ser. Como debería haber sido siempre.

Parece una frase demasiado simple para ser noticia. Sin embargo, en muchos países constituye casi una declaración filosófica.

Los fondos del retiro están protegidos, y quien haga uso indebido de ellos enfrenta fuertes sanciones. Después de toda una vida trabajando, el ciudadano sabe que su ahorro seguirá esperándolo.

No es un favor del gobierno.

Es un derecho —pero un derecho que beneficia al trabajador, no a los administradores de esos fondos, que por acá parecieran tener políticos asalariados para protegerlos, siempre.

Suecia, Austria y los Países Bajos: transparencia sin excusas

Suecia añadió otro ingrediente: transparencia. Cada trabajador puede conocer cuánto dinero ha acumulado para su jubilación. El ahorro deja de ser un misterio administrado por otros. Si un fondo falla, pierde la licencia.

Así de sencillo.

Así de difícil para quienes prefieren que las cuentas permanezcan siempre un poco borrosas.

Austria decidió que jubilarse no debía significar aprender a sobrevivir con la calculadora en la mano: un trabajador puede recibir más del ochenta y cinco por ciento de su último salario, mientras que retener las cotizaciones sociales constituye un delito castigado con severidad.

Los Países Bajos siguieron un camino igualmente eficaz. Blindaron los fondos de pensiones bajo la vigilancia permanente del Banco Central y del regulador financiero. Administrar irresponsablemente el dinero ajeno no se resuelve con una disculpa pública.

Se resuelve ante la justicia.

Dinamarca y Alemania: solidaridad con responsabilidad

Dinamarca y Alemania hicieron algo parecido, pero con el empleo. Ambos entendieron que perder el trabajo ya es suficientemente duro como para convertirlo, además, en una condena económica. Protegen al desempleado, garantizan ingresos mientras encuentra una nueva oportunidad y, al mismo tiempo, castigan con firmeza cualquier intento de fraude.

Solidaridad y responsabilidad. Dos palabras que demasiadas veces aparecen separadas cuando, en realidad, nacieron para caminar juntas.

El Salvador: cuando alguien decide combatir lo «invencible»

Y en cuanto a la seguridad, hay que mirar a El Salvador.

Durante años se repitió que la violencia era invencible. Era una frase curiosa, porque el crimen siempre encuentra filósofos dispuestos a demostrar que combatirlo es imposible.

Hasta que alguien lo combate.

Tras encarcelar a más de ochenta mil pandilleros, sin negociar con las organizaciones criminales, la tasa de homicidios cayó de manera extraordinaria y las calles comenzaron a llenarse nuevamente de ciudadanos en lugar de miedo. Varios de los políticos que protegían a esas pandillas terminaron mal, cuando no tras las rejas.

El turismo regresó.

Los parques volvieron a tener niños.

Y las noches dejaron de pertenecer exclusivamente a los delincuentes.

¿No está usted de acuerdo en que ese es el único camino contra la delincuencia organizada? Yo iría un paso más allá: se debe aplicar el viejo precepto de «el que a hierro mata, a hierro termina» —pena de muerte para los sicarios y asesinos, y también para las mentes que están tras esos crímenes. ¿Qué tanta contemplación?

Caminos distintos, misma conclusión

Al final, ninguno de estos países siguió exactamente el mismo camino.

Suiza apostó por el ciudadano. Singapur, por la meritocracia. Japón, por el honor. Australia, Suecia, Austria y los Países Bajos, por proteger el esfuerzo de toda una vida. Dinamarca y Alemania, por respaldar al trabajador. El Salvador, por recuperar el orden.

Sin embargo, todos llegaron a la misma conclusión: las naciones no prosperan porque tengan políticos más inteligentes. Prosperan porque construyen instituciones más fuertes que sus políticos. Prosperan porque las opiniones técnicas pesan más que las opiniones políticas.

Como escribió Octavio Paz: «Una sociedad no es una masa, es un conjunto de personas ligadas por instituciones”. Quizá esa sea la gran diferencia entre los países que avanzan y los que permanecen dando vueltas sobre el mismo lugar.

Unos siguen esperando al próximo salvador.

Los otros, hace mucho tiempo, decidieron que era mucho más sensato construir un sistema que no necesitará ninguno.