(Basado en el artículo LA VERDAD DESNUDA: INFORME DEMOLEDOR DE HUMAN RIGHTS WACHT SOBRE PERÚ de Herberth Castro Infantas)
«La corrupción es una de las vías más seguras hacia la destrucción de un Estado.» decía Aristóteles. Lejos de saberlo, mucho menos de intuirlo, los corruptos no toman conciencia del daño que hacen al país en su desmedido afán de enriquecerse.
Según el demoledor informe presentado por Human Rights Watch (HRW) sobre la situación del país durante el 2024, como un edificio que se desmorona piso por piso, las instituciones democráticas peruanas han sufrido asaltos constantes y coordinados que amenazan con socavar los cimientos mismos del Estado de derecho.
El informe dice en su primer párrafo: «El Congreso del Perú aprobó leyes y adoptó otras decisiones que socavaron la independencia judicial, debilitaron instituciones democráticas y obstaculizaron las investigaciones sobre crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos”.
No queda duda de que «El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente», como lo escribió Lord Acton en el siglo XIX. Esta máxima parece resonar con particular fuerza en el Perú de hoy, donde el informe de HRW dibuja un paisaje institucional sombrío, marcado por la impunidad y el debilitamiento sistemático de los pilares democráticos.
La corrupción, cual hidra de múltiples cabezas, parece replicarse en todo lado y ha alcanzado desde las más altas esferas del poder hasta las oficinas de los conserjes. Están implicados desde el gobierno central, ministerios, congreso, poder judicial, gobiernos regionales y locales, y hasta organismos no gubernamentales.
Cinco expresidentes acusados por delitos de corrupción son la clara muestra de ello: Alejandro Toledo, condenado en primera instancia; Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala, procesados; y los fallecidos Alan García y Alberto Fujimori. La actual mandataria, Dina Boluarte, no escapa a esta sombra, siendo investigada por presuntos aportes ilegales y la recepción de costosos relojes Rolex y su participación en los violentos hechos sucedidos al inicio de su gobierno con un saldo de varias muertes.
Tambien son varios los presidentes regionales, alcaldes, regidores y consejeros, algunos acusados y otros en prisión. Ni que decir de funcionarios corruptos, de muchas especialidades y en distintos puestos, en todas las ramas del gobierno.
El Poder Legislativo, que debería ser guardián de la democracia, se desvive por protegerse a sí mismo. El dato es escalofriante: 67 de 130 parlamentarios están bajo investigación penal por corrupción y otros delitos. Como respuesta, los «padres de la patria» han emprendido una carrera vertiginosa por blindarse, aprobando leyes que dificultan las investigaciones por corrupción y crimen organizado.
La modificación a la Ley de Colaboración Eficaz y la restricción de la definición penal de «crimen organizado» son solo la punta del iceberg.
Uno de los puntos más preocupantes afecta las investigaciones y procesos contra las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000, es la ley que aprobó el Congreso para establecer la prescripción de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes de 2003.
El intento de debilitamiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) representa quizás uno de los golpes más duros al sistema democrático. La ley que permite a la policía investigar sin presencia fiscal y la controversial norma sobre prescripción de crímenes de guerra y lesa humanidad son ejemplos adicionales de cómo se ha intentado socavar la administración de justicia.
¿Por qué ese afán de oscurecer todo? «La luz del sol es el mejor desinfectante.»
El informe no ignora la creciente inseguridad ciudadana, con números alarmantes en homicidios y extorsiones. Sin embargo, critica la respuesta gubernamental, calificando los estados de emergencia como ineficaces.
La reducción de la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años aparece como una medida populista que no ataca las raíces del problema.
El informe de HRW sobre Perú en 2024 es más que un documento: es un espejo que refleja el deterioro sistemático de una democracia. La impunidad se ha convertido en norma, y el debilitamiento institucional en práctica cotidiana. Nuestro país, que alguna vez fue ejemplo de resistencia y superación, hoy tambalea en sus fundamentos democráticos.
Como dice el jurista y líder de opinión Óscar Loaiza Azurín:
«Vorágine de millones de dólares usados a su libre albedrío por la siniestra dupla Fujimori—Montesinos, quienes prostituyeron la política peruana con consecuencias nefastas que aún padecemos y parecen haber caído en el olvido. Ahora, ese binomio ha sido reemplazado por el Pacto Corrupto (Keiko, la hija del dictador—López Aliaga—César Acuña—Cerrón—Luna Gálvez), que hoy gobierna el Perú desde el Congreso, mientras Dina Boluarte es manipulada por esa mafia como una marioneta. Nuestra cruda y dura realidad.»
Es imperativo que la sociedad civil peruana despierte de su letargo. La democracia no muere de golpe; se erosiona gradualmente, en silencio, mientras los ciudadanos miran hacia otro lado.
Las instituciones democráticas son como un jardín: requieren cuidado constante, vigilancia permanente y, sobre todo, el compromiso inquebrantable de quienes valoran la libertad y la justicia.
Lo que debe preocuparnos, más que los embates sistemáticos de los malos, es el silencio abrumador de los buenos.
¿Qué te está pasando, pueblo peruano, que permites indolentemente tanta corrupción?
La historia juzgará este período no sólo por las acciones de sus líderes, sino por la respuesta —o la falta de ella— de su pueblo. Como dijo Eduardo Galeano: «La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar».
El Perú necesita más que nunca ciudadanos dispuestos a caminar hacia ese horizonte democrático, por difícil que parezca alcanzarlo. La alternativa es continuar observando, impávidos, cómo se desnuda la verdad sobre nuestra frágil democracia.
